¿No va más o quién da más?

Por: Mauricio Aguilar

En estos días, mientras que en la Junta departamental de Montevideo se discute el llamado a licitación para la privatización del Casino Carrasco, hoy perteneciente a la IMM, aparecen preocupantes titulares de prensa que confirmarían la presunta vinculación de los directores de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, de Loterías y Quinielas, Orestes González, y el ex asesor municipal José Luis Antúnez, con empresas prestadores de servicios de slots, pertenecientes a familiares de jerarcas muncipales. Por este motivo, prestaron  declaración el viernes pasado ante el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura de Policía de Montevideo. También volverá a comparecer ante la jueza Fanny Canessa, el ex intendente y actual director de la Junta Anticorrupción, Adolfo Pérez Piera, por su actuación en la rescisión del contrato municipal con la empresa Carmitel, que tuviera a su cargo hasta hace unos meses la remodelación del Casino Carrasco. Ante esta situación el Poder Ejecutivo nuevamente ha tomado una postura “cautelosa”, manteniendo en sus cargos a los jerarcas de Casinos del Estado y de Loterías y Quinielas.

Pero los escándalos con respecto al juego y su manejo por parte del Estado y el Municipio no cesan. Hace unos días, el sindicato de Loterías y Quinielas, denunció que, la Dirección de Loterías decidió trasladar el sorteo de la “Grande de Fin de Año” - que tradicionalmente se juega entre el 29 y 31 de diciembre-  para el 24 de diciembre, provocando un claro perjuicio para el tradicional sorteo, que ve la mayor parte de sus ventas en la semana posterior al cobre de los aguinaldos. Esta medida, paradójicamente perjudica a la Dirección, ya que dicho sorteo es el único -de esta modalidad de juegos de azar- que está actualmente en manos del Estado, y que según los dirigentes gremiales de esta repartición, “favorece a los privados” puesto que el traslado redundará en un aumento de las ventas de otras modalidades como son la “Quiniela” y el “5 de Oro”. 

Tomando en cuenta que, el juego por vía legal mueve unos 250 millones de dólares por año; que sin duda es uno de los lugares predilectos para el lavado de dinero, hecho señalado por varios organismos internacionales; y, que durante tanto tiempo fue una fuente de recursos para que el Estado los pudiera destinar a actividades de interés público. Nos preguntamos: ¿No se debería tener un mayor cuidado en escoger a quién dirige el juego en nuestro país?

Por otra parte, en la IMM poco ha cambiado. Hasta la fecha todas las empresas  cuestionadas por pertenecer a familiares de los ex jerarcas municipales, continúan trabajando con el Municipio, sin que se haya tomado previsión alguna ante eventuales dictámenes judiciales. También es preocupante que el encargado de las máquinas tragamonedas en el período que se registró la pérdida -y que fuera uno de los integrantes de la comisión asesora de adjudicaciones de maquinitas- a la fecha revista como “Encargado” de la sala del Casino Carrasco, sin haber tenido todavía ningún sumario de tipo administrativo, siendo que esta sala además enfrenta una inminente privatización.

Pero, ¿Por qué hablamos de privatización, cuando históricamente los “progresistas” se han manifestado en contra de éste tipo de asociaciones? Porque queda claro en el articulo 12 del proyecto de licitación, que no se contempla bajo ninguna forma que el personal sea municipal, salvo un mínimo de personal destinado a tareas de contralor. Con respecto al contralor, en el punto 2.9 del proyecto de licitación, bajo el título “Control”, se establece la obligatoriedad de presentar los documentos que sea pertinente por parte del concesionario, auditados por empresas de plaza. Estas empresas serían contratadas por el concesionario y no por la IMM, lo cual da pie a que se cometan irregularidades.

Otros hechos que deberían preocupar a toda la opinión pública es que en esta privatización, se desprenden del proyecto de licitación elementos que en nada ayudan a la transparencia, es más, se parecen  mucho a otros de anteriores administraciones municipales. Entre otros, en el punto 9 -cuyo titulo es “Otras obligaciones del concesionario”-, en su numeral 9.1.3 sobre “Formación, capacitación y entrenamiento sobre los distintos componentes de la solución tecnológica propuesta a requerimiento de la Administración Municipal, para el personal de signado por la misma”; que es en otras palabras que, quien debe controlar, recibirá formación y capacitación por parte del concesionario. Vale la pena acotar que, en el punto previamente mencionado está incluido el software utilizado  para las liquidaciones de las tragamonedas, por tanto será el concesionario quien elija los mecanismos para su contralor, y no la IMM quien en realidad debería ser la que determinare dichos mecanismos.

Creemos que, si bien desde el punto de vista financiero, un Casino en manos de un empresario privado sería mucho más eficiente que en manos municipales, la eficiencia financiera no es lo único que debemos contemplar. El juego si bien tiene un componente importante de diversión, es también un vicio social, que en muchos casos trae consigo muchos otros males, por tanto debe ser contenido por el Estado, en este caso la IMM, para evitar que el ciudadano traspase los límites de convivencia social. También debemos tomar en cuenta, como decíamos anteriormente, todo lo relacionado al lavado de dinero. Una empresa privada no va a tomar estas premisas como prioritarias, por el contrario lo único que busca es la recaudación. Por eso, cuando las actuales autoridades municipales manifiestan que quieren las ganancias de los casinos para obras sociales, nosotros les recordamos que la primera obra social que deben llevar a cabo, es contener al jugador y evitar que la ciudad se convierta en un garito.